Nuestro despacho DMS
Consulting (www.consultingdms.com) presentó
el pasado 26 febrero una denuncia contra España ante la Comisión de las
Comunidades Europeas por aprobar disposiciones fiscales que obligan a los
contribuyentes residentes en España a presentar declaraciones informativas
sobre sus bienes y derechos en el extranjero (Modelo 720)
La normativa denunciada es la Ley 7/2012 de 29 de octubre, que
introduce la nueva obligación de
informar, el Real Decreto 1558/2012 de 15 de noviembre que la desarrolla, y la Orden HAP /72/201 que
aprueba el modelo de declaración (Modelo 720) y establece que obligatoriamente
debe presentarse por vía telemática.
Se trata en realidad de tres
obligaciones de información tributaria, pues los residentes deben informar
sobre tres categorías diferentes de bienes y derechos situados en el extranjero
(cuentas bancarias, valores e inmuebles) cuando figuren (aunque sea de forma
simbólica) en cualquiera de esos tres grupos de bienes si el valor conjunto del
grupo es superior a 50.000 €, con independencia de que los bienes se encuentren
dentro o fuera de la Unión Europea. Así
por ejemplo, debe declarar una persona residente que sea cotitular de un
inmueble en Alemania valorado en 100.000 € y esa persona tenga sólo una
participación del 10% (10.000 €), y de la misma manera debe declarar una
persona que figure en una cuenta bancaria en Francia con un saldo de 60.000 €,
aunque figure como simple autorizada o sea titular sólo de un tercio (20.000
€).
Se exige una información
sumamente detallada sobre todos y cada uno de los bienes y derechos en el
extranjero, no siempre fácil de conseguir, bajo amenaza de durísimas sanciones
(a partir de 10.000 €) por cualquier pequeño error u omisión, por lo que en la
práctica los contribuyentes necesitarán contratar los servicios de un asesor
especializado que normalmente exigirá honorarios elevados por responsabilizarse
de una declaración compleja, laboriosa y arriesgada.
La nueva obligación afecta por
tanto a muchísimas personas residentes, sobre todo a particulares, pues las
empresas NO deben informar sobre bienes en el extranjero que tengan registrados
en su contabilidad, y supone una clara restricción a la libre circulación de
personas porque puede disuadir a europeos que quieran fijar su residencia en
España porque les resultará caro y problemático hacerlo y mantener bienes y
derechos en el extranjero. De hecho la nueva normativa ha causado gran
preocupación entre los residentes extranjeros en España, planteándose muchos
regresar a sus países.
También supone una clara
restricción a la libre circulación de capitales porque puede disuadir a contribuyentes
residentes bien de mover sus capitales al extranjero o bien de mantenerlos
fuera de España (en inmuebles, valores o en simples cuentas bancarias). Así por
ejemplo, un residente que quiera tener 200.000 € en Alemania, o en Suiza, repartidos en muchos valores diferentes como suele ser habitual (depósitos,
acciones, fondos, bonos, etc.) tendrá que pagar en España los correspondientes
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, pero además tendrá que presentar
una declaración informativa muy compleja, laboriosa y cara.
Si bien el objetivo perseguido con la nueva
normativa es la lucha contra el fraude fiscal, que afloren bienes ocultos en el
extranjero, consideramos que la exigencia resulta totalmente
desproporcionada e injustificada en relación con ese objetivo:
-Es DESPROPORCIONADA por su generalidad,
porque afecta prácticamente a cualquier persona residente que tenga bienes en
el extranjero (dentro o fuera de la UE), por el durísimo régimen sancionador
por cualquier error u omisión y porque, en determinados supuestos, el
incumplimiento de esta obligación formal puede suponer de hecho una
confiscación de los bienes en el extranjero no declarados aunque se hayan
adquirido en períodos ya prescritos (al imputarse su valor como ganancia
patrimonial no justificada que pueda llegar a tributar en el IRPF hasta el 52%,
con sanción adicional del 150%).
-Es INJUSTIFICADA sobre todo porque desde el 1
de enero de 2013 está en vigor la Directiva Comunitaria
2011/16/UE de 15 de febrero de 2011, que el Consejo considera el instrumento
adecuado para lograr una cooperación administrativa eficaz en el ámbito de la fiscalidad. Esta
reciente Directiva elimina el secreto bancario dentro de la Unión Europea y potencia el
intercambio de información entre Estados miembros, y se une a la Directiva
2003/48/UE del Consejo de 3 junio 2003 que impone el intercambio automático de
información sobre rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
En ese sentido, es muy ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2011, asunto C-267/09. En este asunto, en que España actuó apoyando a Portugal, la Comisión Europea había denunciado a Portugal por obligar con carácter general a los no residentes a nombrar un representante fiscal. El Tribunal consideró que esa obligación de nombrar representante fiscal y soportar el coste que conlleva supone una exigencia desproporcionada e injustificada (sobre todo existiendo Directivas que facilitan la asistencia y el intercambio de información entre Estados), que excede de lo necesario para alcanzar el objeto de la lucha contra el fraude fiscal y que, en consecuencia, es una restricción injustificada a la libre circulación de capitales.
En ese sentido, es muy ilustrativa la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 5 de mayo de 2011, asunto C-267/09. En este asunto, en que España actuó apoyando a Portugal, la Comisión Europea había denunciado a Portugal por obligar con carácter general a los no residentes a nombrar un representante fiscal. El Tribunal consideró que esa obligación de nombrar representante fiscal y soportar el coste que conlleva supone una exigencia desproporcionada e injustificada (sobre todo existiendo Directivas que facilitan la asistencia y el intercambio de información entre Estados), que excede de lo necesario para alcanzar el objeto de la lucha contra el fraude fiscal y que, en consecuencia, es una restricción injustificada a la libre circulación de capitales.
No hay constancia de que otro país de la Unión Europea haya aprobado una
normativa de estas características. De hecho, si todos los países de la Unión Europea
aprobasen normas similares se produciría un retroceso sin precedentes en el
ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el TFUE.
La vía adecuada para luchar contra el fraude
fiscal pasa por el intercambio de información entre Estados, de acuerdo con lo
previsto en las Directivas Comunitarias y en los diferentes Convenios para
evitar la doble imposición, y no cargando a los particulares y empresas con
nuevas y onerosas obligaciones formales, como el Modelo 720.
DMS Consulting ha formalizado la denuncia
ante al Comisión Europea con la intención de que ésta inicie un procedimiento
de infracción contra España que concluya con la eliminación de esta obligación
informativa o, por lo menos, con una limitación de su alcance que la haga compatible
con el Derecho Comunitario.
Palma de Mallorca, 6 marzo 2013
Alejandro del Campo Zafra
www.consultingdms.com
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